2014/01/19

El ‘número dos’ de la SGAE compró siete casas de lujo y usó a su mujer de tapadera

El ‘número dos’ de la SGAE compró siete casas de lujo y usó a su mujer de tapadera
"Crónicas desde un País de Chorizos"
Corren tiempos nuevos, se podría decir esto allá por 1605, cuando de la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra, nace un Hidalgo en un lugar que conocemos todos, por la Corrupción, Mafia y demás yerbas que abundan por este paramo, herial en que se está convirtiendo a paso de gigante fantasma.
Punto uno
La obra existe, el autor y o propietario, tiene derechos sobre ella, así como los beneficios.
Punto dos
La obra en sí, es un original, único e irrepetible.
Punto tres
Todo lo demás son Copias.
por lo que pasamos al 
Cuarto punto
Quienes hagan copias de una obra, debe retribuir al autor, no limosnear, especular, y-o someter a este.
Punto Cinco
Como somos producto directo de la cultura, credos, Arte en definitiva general; además de ser Universal, debe ser gratuita, para la educación y-o aprendizaje de nuestra Descendencia sin restricciones Sociales ni de clase alguna.
Punto Final
El uso para beneficio y-o enriquecimiento del Arte, Cultura, obras en General por terceras personas se considera usurpación y usureria
PIRATERÍA
"Recomendado por el Autor de esta obra Copyleft Creative Commons"
"USESE VUESTRA USIA SENTIDO COMÚN"
Si Don Quijote Levantara la Cabeza!!!

Pablo Hernández, exdirector del Departamento Jurídico de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y actual número dos de la entidad, adquirió siete viviendas de lujo en la Comunidad de Madrid y la Costa del Sol durante un periodo de ocho años, a lo largo del cual utilizó como tapadera para cobrar una parte de su salario en la SGAE a una empresa inmobiliaria cuyo administrador único es su mujer, Carmen Cabezas.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el macroproceso contra la SGAE por apropiación indebida durante la etapa de Eduardo Teddy Bautista al frente de la sociedad, investiga también a Hernández en una pieza separada del sumario principal por las presuntas irregularidades cometidas en el llamado Proyecto Arteria, la red de teatros de la SGAE. Hernández (Guadalajara, 1967) no está imputado en la causa.

Su llegada a la SGAE en 1996, primero como asesor jurídico, coincidió con un aumento vertiginoso de su patrimonio inmobiliario, según consta en un informe que la Guardia Civil entregó a la Fiscalía Anticorrupción y que está incorporado al sumario. Aquel mismo año adquirió un chalé de 199 metros cuadrados y 411 de parcela en Collado Mediano (Madrid).

Tres años más tarde compró otro chalé de mayores dimensiones (261 metros cuadrados de superficie y otros 1.232 de parcela) en la misma localidad. Y en 2003 adquirió un tercero de 169 metros cuadrados y 150 de parcela también en Collado Mediano.

En 2005 compró un cuarto chalé, también en Collado Mediano, de superficie similar a los anteriores. Y un año más tarde se hizo con la propiedad de otra vivienda, esta de 108 metros cuadrados y situada en la localidad malagueña de Manilva, en la Costa del Sol. Los cinco inmuebles figuran a nombre de Hernández y su esposa, según el informe elaborado por la Guardia Civil.

Pinche aquí para ver los documentos.Pinche aquí para ver los documentos.Además, otros dos chalés y un inmueble de uso comercial (uno en Collado Villalba, también en Madrid, y dos en Collado Mediano) fueron adquiridos a mediados de la pasada década, cuando Hernández ya había escalado posiciones hasta llegar a la cúpula directiva de la SGAE.

tres propiedades, sin embargo, están registradas a nombre de Inmoconsulting Collado S. L., de la que su esposa es administradora única. Hernández figura como apoderado de la sociedad.

El actual secretario general de la SGAE se sirvió de Inmoconsulting Collado para facturar a la sociedad de autores unos supuestos servicios de asesoría que iban desde los 55.332 euros de 2006 a los 63.270,30 de 2010, tal y como refleja el informe encargado por la Fiscalía Anticorrupción. A esas cantidades sumaba sus emolumentos como director de los Servicios Jurídicos de la SGAE, que rozaban los 160.000 euros anuales.

Hernández, sin embargo, nunca comunicó a la cúpula de la SGAE que estaba utilizando la empresa de su esposa como supuesta tapadera para cobrar aquel suculento sobresueldo.

Y también ocultó ese dato a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo interrogaron el 6 de julio de 2011, cinco días después de que el juez Ruz ordenara la entrada y registro del palacio de Longoria, sede de la sociedad de autores.

Hernández aseguró aquel día a los agentes que una parte de su salario era abonada por la SGAE y otra por Iberautor Promociones Culturales, la sociedad impulsada por Teddy Bautista y precursora de la red de teatros Arteria. Esta última, dijo, “ascendía aproximadamente a 40.000 euros anuales” (aunque en realidad llegaron a ser más de 63.000) “y las percibía a través de facturas mensuales”. Pero no mencionó que esas facturas las emitía la empresa de su mujer.

De hecho, Hernández trató de borrar el rastro de esos pagos. Para ello, pidió en 2011 a Natalia Gómez de Enterría, entonces directora de Recursos Humanos de la sociedad de autores, que “el dinero que percibía mediante dicha factura se lo incrementase como sueldo base en su nómina de la SGAE”, según declaró la propia exdirectiva a la Guardia Civil tras su salida de la entidad.

El secretario general de la SGAE, en conversación telefónica con El Confidencial, reconoció ayer ser el copropietario de los chalés citados, excepto de uno de ellos, que atribuyó a “un error” de la Guardia Civil. “Siempre he tenido un salario alto, primero en un despacho de abogados que tuve y luego en la SGAE, y las cosas siempre me han ido bien”...*"Ya lo decia Aznar hombre" y el Zapatero; Champion leage"

 Y atribuyó a otro “error” de los agentes que le tomaron declaración el no haber incluido en esta su supuesta alusión a Inmoconsulting Collado.
*
apunte del autor



elconfidencial.com

apocalipticus.over-blog.es


Los piratas de la SGAE.



Yo creo que el principal problema de la SGAE no es que tenga presuntas corrupciones, sino que es antipática ante la sociedad. El que varios directivos hayan presuntamente metido la mano en la caja es algo, por desgracia, bastante normal en los tiempos que vivimos. Sin embargo, la imagen de la SGAE como recaudadores medievales de impuestos, es todavía peor. Y es que, los episodios en la que se ha hecho odiosa a la gente, abundan. Por ejemplo, cobrar a un festival de discapacitados psíquicos 518 euros, o el 10% de la recaudación de un concierto benéfico para pagar el tratamiento de un niño o, incluso, grabar una boda ilegalmente para demostrar que tenían que pagar los derechos de autor. Si de algo podemos acusar a su directiva –además de presunta apropiación indebida- es precisamente de esto: de hacerla completamente impopular. Otra política más amable le hubiera granjeado amistades. Ahora, sinceramente, creo que muchos se van a alegrar de lo que le ha sucedido.


No obstante, la posible corruptela en sí tiene tela. ¿Cómo permite la SGAE que un directivo suyo sea a la vez titular de una empresa privada (Microgénesis) y además le facture? Si esta sociedad es sin ánimo de lucro y se nutre de ingresos públicos (el canon digital), ¿cómo es que el Ministerio de Cultura no exija ninguna auditoria? Cuando a uno le ceden la recaudación de un canon, ¿no debería tener un riguroso control del Estado? ¿Cómo es posible que la asociación de internautas que denunció el caso tenga que recurrir a la Fiscalía porque Cultura no le hizo caso? Desde luego, la famosa «Ley Sinde» se hizo para combatir la piratería. El problema es que los piratas, y no del Caribe precisamente, estaban dentro de la SGAE.

Nota: La foto es una broma pero, ¿acaso no podría ser verdad?


22 de Diciembre del 2007 año A.Mariano
(No al canon


LA INVESTIGACIÓN, EMPANTANADA DESDE 2011

Las pifias de Ruz desinflan el macroproceso por corrupción contra la SGAE

Se lamentaba el pasado sábado Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, de que la prolongada investigación judicial del caso Nóos, abierta en 2011, está suponiendo "un martirio" para la Corona. Poco tiempo en comparación con losmás de seis años transcurridos desde que la Fiscalía Anticorrupción abriese diligencias, en noviembre de 2007, a raíz de una denuncia presentada por varias asociaciones de internautas contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y parte de su cúpula directiva, encabezada entonces porEduardo Teddy Bautista, por presunta apropiación indebida de los fondos recaudados por los derechos de autor y el canon digital.

Aquella investigación languideció hasta que el juez de la Audiencia NacionalPablo Ruz, que heredó el sumario tras la caída en desgracia de Baltasar Garzón, ordenó en julio de 2011 la entrada y registro de la sede de la SGAE, que fue tomada al asalto por la Guardia Civil en una espectacular redada retransmitida en vivo por televisiones y radios, y la detención de nueve directivos y empresarios, entre ellos el propio Bautista y José Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la filial digital de la entidad. Pero hoy, dos años y medio después de aquel mediático asalto, la investigación está empantanada y a punto de irse a pique por la aparente falta de consistencia de las acusaciones y, sobre todo, por los errores de cometidos por Ruz y el fiscal del caso, José Miguel Alonso Carbajo.


El sumario que instruye Ruz ha calcado casi punto por punto los argumentos dela denuncia interpuesta en 2007 contra la SGAE y la SDAE por Víctor Domingoen representación de la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. Uno de los denunciantes, el abogado Josep Jover, calculaba que la SGAE, a través de su filial SDAE, había desviado 400 millones de euros procedentes del canon digital y los derechos de autor a un entramado empresarial encabezado por la mercantil Microgénesis, de la que Rodríguez Neri fue consejero delegado hasta 2003, por unos trabajos inexistentes o valorados muy por encima de los precios de mercado. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis del sumario judicial y la consulta a fuentes muy cercanas a la investigación, esos argumentos se desmoronan como un castillo de naipes.



Pero tan sólo dos meses después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enmendaba la plana a Ruz. En un auto fechado el 27 de marzo de 2013, la Sección 3ª, formada por los magistrados Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, daba un tirón de orejas al juez y autorizaba el clonado de los servidores de la SGAE que reclamaban los imputados para tratar de demostrar que los trabajos encargados por la SDAE a Microgénesis fueron reales y pagados a precios iguales o inferiores a los de mercado. Es decir, que no hubo malversación de fondos.


Los imputados encargaron el volcado y análisis de los archivos a la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Ruz al Departamento de Ingeniería Informática del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. El auto de la Sala de lo Penal era muy claro: "Acordamos que se entregue a los peritos-técnicos de la Universidad de Castilla-La Mancha copia clonada digital de los servidores de la SGAE, SDAE y Teseo [el sistema de gestión de derechos de autor]. Hágase entrega de otra copia a los peritos designados por el juzgado". Los tres magistrados apelaron en su resolución al "derecho fundamental a la defensaen la vertiente de prueba", con el fin de dar a los imputados la oportunidad de "demostrar la valoración técnica y económica de los servicios informáticos prestados".

Una investigación sesgada

Desde que arrancó la investigación judicial, Ruz ha dado por buenos todos los argumentos del fiscal anticorrupción, basados en las pesquisas de la Guardia Civil, que a su vez se ha limitado a tirar del hilo de los supuestos indicios recogidos por el conglomerado de asociaciones que aglutina la plataforma Todos Contra el Canon. El abogado Josep Jover, uno de los firmantes de la denuncia, admitió tras el asalto a la sede de la SGAE que él mismo estuvo "ayudando" a la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. Y aseguró que más de 400 millones de euros "han desaparecido, sin más" de las arcas de la SGAE. Pero la cifra es descabellada. La propia Intervención General de la Administración del Estado, en un informe incorporado al sumario, advierte a Ruz de que Microgénesis, la mercantil a la que supuestamente se habrían desviado esos 400 millones de euros, recibió en realidad 26,4 millones en el periodo 2003-2009 por los trabajos que realizó para la SDAE.

Neri nunca ocultó su salario

Los investigadores de la Guardia Civil informaron a Ruz un día antes de la intervención, y este así lo incorporó al sumario, que Rodríguez Neri "ha venido obteniendo un importante sobresueldo, al margen de su retribución de la SGAE y la SDAE, que se justificaría y ocultaría facturando por hipotéticos servicios de consultoría". Según Ruz, se trataba de una "nómina encubierta". Pero esa hipótesis se vino abajo pocos meses después. El 2 de diciembre de 2011, la SGAE (gobernada entonces por una comisión gestora tras el descabezamiento de su cúpula) remitió un escrito a Ruz, elaborado por el despacho de abogados Sagardoy (asesor laboral de la sociedad de autores), para aclarar que el salario de Rodríguez Neri se desglosaba en dos pagos: 85.136,87 euros brutos anuales en nómina y otros 140.616 euros anuales mediante una factura girada por la mercantil Hipotálamo, propiedad de aquél. Ese escrito también figura en el sumario.

El juez Pablo Ruz. (Reuters)Ruz y la Guardia Civil también pasaron por alto que el Consejo de Administración de la SDAE, en su reunión del 4 de mayo de 2000, había aprobado que la retribución fija de Rodríguez Neri se instrumentaría "mediante la combinación de un contrato laboral y un contrato de servicios con la sociedad mercantil Micromega”, la precursora de Hipotálamo. Los acuerdos de aquel consejo, según consta en el acta al que ha tenido acceso El Confidencial, fueron refrendados por todos los consejeros de la SDAE: Teddy Bautista, Ana Álvarez-Diosdado, Luis Gómez Escolar, Pablo Herrero, José Ramón Martínez Márquez, Juan Antonio Porto, Francisco Salazar, Enrique Loras,Teresa Alfonso y el propio Rodríguez Neri. Pese a esas evidencias, Ruz dictó un auto el pasado 13 de diciembre en el que volvía a insistir en la “absoluta ficción” de las facturas emitidas por Rodríguez Neri a través de Hipotálamo.

Microgénesis, "contratista principal"

La Guardia Civil, el fiscal y el juez sitúan a Microgénesis en "la cúspide de la trama empresarial parasitaria de la SGAE", y afirman que esa mercantil "se ha constituido en un importante y privilegiado proveedor de productos informáticos para la SDAE. De esta forma, Microgénesis presuntamente habría sobrevivido y crecido gracias a su privilegiada relación económica con la SDAE". Pero habría bastado con echar un vistazo a las actas de aquel consejo de administración de la SDAE para descubrir que, desde el año 2000, Microgénesis es el socio tecnológico de referencia de la sociedad digital. Un acuerdo que se fue renovando anualmente hasta 2011 y que contó con el visto bueno de los órganos de gobierno de la SDAE y la SGAE, además de la asamblea de socios de esta última.

El punto 8º de esos acuerdos señala: "La SDAE será siempre el cliente principal y prioritario de Microgénesis. En este sentido, Microgénesis actuará como una sociedad instrumental de la SDAE, prestándole a este fin todos los servicios que necesite dentro de su ámbito de actuación". Y los puntos 9º y 10º añadían que "la SDAE se compromete a contratar con Microgénesis como contratista principal", y que ésta "suministrará información puntual y veraz a la SDAE de las actuaciones de las empresas del Grupo Microgénesis que intervengan como subcontratistas".

Fuentes muy cercanas al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional negaron ayer a El Confidencial que la instrucción esté "empantanada", y añadieron que Ruz está pendiente de recibir las pruebas periciales encargadas a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Intervención General de la Administración del Estado. En cuanto al copiado de archivos informáticos llevado a cabo por la UCO de la Guardia Civil en 2011, las mismas fuentes precisaron que "se hizo el clonado de lo que se consideró necesario en aquel momento". 

SGAE VAYA MAFIA.

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