¿Ya han escuchado las Noticias?
Ahora les contaremos la verdad!
Como dice;
El Gran Wyoming
La justicia española investiga 1.661 casos de corrupción en casi 800 juzgados
- Unos 300 asuntos son macrocausas por blanqueo, cohecho, fraude y malversación.
- El CGPJ pidió en 2013 64 nuevos jueces y 150 funcionarios para hacer frente a estos asuntos complejos. Un estudio de la Universidad de La Laguna señala que en una década se destaparon casos de corrupción en 676 municipios.
- El Consejo General del Poder Judicial advirtió en 2013 con los últimos datos oficiales que había abiertos un total de 1.661 casos por corrupciónen cerca de 800 juzgados. De esas causas, unas 300 son macroprocesos.La justicia se queja de que los medios son insuficientes y, sobre todo, de que falta especialización en las instancias judiciales para perseguir a los responsables de estos delitos: blanqueo, cohecho, fraude y malversación… Por ello, demanda, entre otras cosas, una unidad permanente de peritos en la Audiencia Nacional (que se ocupa de 91 causas complejas en sus seis juzgados centrales, 14 relacionadas con la corrupción), similar a la que ya trabaja en la Fiscalía Anticorrupción. También, el Poder Judicial pidió 64 nuevos jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios.Andalucía encabezaba en 2013 la lista de comunidades con más casos de corrupción, con 656 sumarios de este tipo o vistos para juicio. Le seguían la Comunidad Valenciana, con 280; Cataluña, con 215; y Madrid, con 110.Un estudio de la Universidad de la Laguna señaló que entre 2000 y 2010 se destaparon casos de corrupción en 676 municipios del país -el 8,3% del total. Si se tiene en cuenta los ciudadanos afectados, la dimensión de la corrupción municipal alcanza a 26,3 millones de españoles.La corrupción municipal está ligada a zonas del boom inmobiliario y se dejó sentir en el arco mediterráneo. Andalucía, con 154 municipios afectados hasta 2010, y la Comunidad Valenciana, con 94, encabezan la lista de territorios salpicados por los excesos del ladrillo. Le siguen Galicia (66), Madrid (46), Catalunya (43), Castilla y León (40) y Canarias (35).El caso Malaya destapado en 2006 en el Ayuntamiento de Marbella se considera el paradigma de la corrupción municipal y abrió la caja de pandora. La sentencia, dictada en octubre de 2013, fue un hito en la historia judicial reciente, aunque las penas resultaron más leves de lo esperado por la dificultad de probar delitos de blanqueo y cohecho. El tribunal condenó al 89% de los políticos, al 46% de los empresarios y absolvió al 69% de los testaferros de Juan Antonio Roca, el cebrero de la trama sentenciado a 11 años de prisión.El trabajo de la Universidad de La Laguna relaciona el fenómeno de la corrupción municipal con la debacle económica de España, porque en la época del boom la deuda exterior e interior se expandió sin control. Un dato revelador es que de 2000 a 2008, el valor de los préstamos a promotores pasó de 33.500 millones a 318.000 millones, un 850% más. El estallido de la burbuja desembocó en la "situación de atraso y escasa productividad de la economía española", de elevado paro y de una crisis económica y política de calado.Hasta Bruselas sitúa a España entre los países europeos con mayor percepción de corrupción. Casi tres de cada cuatro empresas en España perciben un clima de corrupción generalizada en el país, el 71% del tejido empresarial. Es uno de los resultados de una encuesta presentada por el Eurobarómetro junto con el primer informe de la Comisión Europea sobre corrupción. Además, el 54% declara que la corrupción es un “problema muy serio” a la hora de hacer negocios en nuestro país. Una cifra superior a la media europea que se encuentra en el 43%.
La corrupción en España no es un accidente, sino una forma perversa de entender la política y el poder.
España cada día es menos un país democrático y se exhibe ante el mundo, sin pudor, como un conjunto de tribus corrompidas y, a veces, delictivas.
En España se ha producido una llegada masiva de delincuentes al poder político. Esa es la verdadera base de la corrupción que nos invade. Pero lo original y genuino del caso español, lo que nos diferencia de otros estados mundiales corruptos, es que la corrupción española no parece un accidente o la consecuencia de una serie de casualidades, sino una conspiración para saquear el Estado, cuidadosamente ideada y desplegada desde las mismas entrañas del poder.
Los partidos políticos, principales focos de la corrupción en España, protegen a muchos de sus corruptos presentándolos en las listas electorales para que sean diputados y senadores, oforándoles y dotándoles de un nada despreciable blindaje ante la justicia ordinaria. Se trata de un comportamiento claramente mafioso que demuestra que las instituciones están actuando como protectoras de delincuentes.
Si se pudiera practicar un scaner veraz sobre el Congreso y el Senado, los españoles descubrirían aterrorizados que en esos templos de la palabra y del poder político numerosos sillones están ocupados por personajes protegidos por sus propios partidos, con sus conciencias manchadas, que podrían ser acusados de maltrato, acoso sexual, apropiación indebida, cohecho, malversación, amigusmo, nepotismo, abuso de poder, conducción temeraria, falsedad de documentos públicos u otros muchos delitos y faltas, algunos tipificados y otros no.
Ese comportamiento ha hecho posible que personajes como el andaluz Manuel Cahves, con la ayuda de su partido, el PSOE, cubra con un manto protector a toda su familia, colocándolos en cargos públicos y permitiéndo a sus miembros hacer negocios ventajosos con impunidad, como lo demuestran las diversas pruebas y denuncias, la última de las cuales la de un jefe de policía que fue destituido por investigar las actividades presuntamente delictivas de Ivan Chaves, hijo del expresidente andaluz.
El saqueo de España se ha realizado, con impunidad, de manera sistemática y planificada, desde el corazón del poder político. La mayoría de las cajas de ahorros han sido desvalijadas y en algunas de ellas, como la CAM, la de Castilla la Mancha y BANKIA, han desaparecido varios miles de millones de euros sin que nadie haya pagado por esos delitos y sin que las instituciones del Estado hayan realizado grandes esfuerzos por recuperar el dinero sustraido.
El saqueo de España tiene mil vertientes, algunas todavía desconocidas por la prensa y el gran público. Se han concedido subvenciones a empresas que no lo merecían, sólo porque en ellas trabajaban familiares o amigos del poder; se han cobrado comisiones sistemáticas por licencias, concesiones y contratos públicos; se han urbanizado terrenos protegidos para cobrar comisión; los recaudadores de los partidos políticos han extorsionado sin obstáculo; se han trucado concursos públicos,; se han falseado oposiciones; se han filtrado las preguntas de oposiciones a los amigos del poder; se ha marginado a empresarios por pensar diferente o por ser honrados, cerrándoles mafiosamente el paso para que reciban subvenciones y ganen concursos públicos; hay miles de políticos incapaces de explicar su patrimonio, sin que ni siquiera hayan sido investigados...
La corrupción, en España, no ha sido, como en otros países, un virus que ha ido extendiendose hasta contaminar al poder, sino una estrategia meditada y fria del poder que ha contaminado a la sociedad. La corrupción, en España, no ha sido un accidente, ni una cuestión de mala suerte, sino el comportamiento lógico y premeditado de la presencia masiva de delincuentes en las instituciones y en el corazón del Estado.
Los grandes partidos españoles han acumulado delitos suficientes para que, si existiera una Justicia independiente y limpia, hubieran sido ya juzgados como asociaciones de malhechores. Sin embargo, siguen dominando la escena, convertidos en las instituciones más poderosas de la nación, exhibiendo una obscena impunidad, con muchos de sus corruptos convertidos en altos cargos en las distintas administraciones y algunos de ellos, tal vez los que más secretos sucios conocen, convertidos en diputados y senadores para disfrutar del aforamiento.
Muchos españoles, ilusos, votaron a Rajoy en las últimas elecciones creyendo que el Partido Popular iba a plantar cara a la corrupción y limpiar el país de delincuentes políticos, pero no ha sido así y eso ha causado una inmensa frustración entre los votantes más demócratas y mejor informados, indignados de que el gobierno de Rajoy también participe del obsceno festín y que, ante los abusos cometidos por los socialistas y por muchos de sus miembros, haya decidido cerrar los ojos y pasar página, ignorando que un país que no castiga a sus criminales es un estercolero envenenado capaz sólo de sembrar retroceso y destrucción.
La regeneración en España pasa por acabar con la impunidad de los corruptos políticos y por limpiar las instituciones, llenando las cárceles de delincuentes con carnet de partido. Si no se hace, no hay futuro digno y el país, mande quien mande, seguirá siendo una pocilga incapaz de salir de una crisis que, como acaba de descubrir Europa, va mucho más allá de lo económico y se adentra en el alma podrida de la nación.
En España se ha producido una llegada masiva de delincuentes al poder político. Esa es la verdadera base de la corrupción que nos invade. Pero lo original y genuino del caso español, lo que nos diferencia de otros estados mundiales corruptos, es que la corrupción española no parece un accidente o la consecuencia de una serie de casualidades, sino una conspiración para saquear el Estado, cuidadosamente ideada y desplegada desde las mismas entrañas del poder.
Los partidos políticos, principales focos de la corrupción en España, protegen a muchos de sus corruptos presentándolos en las listas electorales para que sean diputados y senadores, oforándoles y dotándoles de un nada despreciable blindaje ante la justicia ordinaria. Se trata de un comportamiento claramente mafioso que demuestra que las instituciones están actuando como protectoras de delincuentes.
Si se pudiera practicar un scaner veraz sobre el Congreso y el Senado, los españoles descubrirían aterrorizados que en esos templos de la palabra y del poder político numerosos sillones están ocupados por personajes protegidos por sus propios partidos, con sus conciencias manchadas, que podrían ser acusados de maltrato, acoso sexual, apropiación indebida, cohecho, malversación, amigusmo, nepotismo, abuso de poder, conducción temeraria, falsedad de documentos públicos u otros muchos delitos y faltas, algunos tipificados y otros no.
Ese comportamiento ha hecho posible que personajes como el andaluz Manuel Cahves, con la ayuda de su partido, el PSOE, cubra con un manto protector a toda su familia, colocándolos en cargos públicos y permitiéndo a sus miembros hacer negocios ventajosos con impunidad, como lo demuestran las diversas pruebas y denuncias, la última de las cuales la de un jefe de policía que fue destituido por investigar las actividades presuntamente delictivas de Ivan Chaves, hijo del expresidente andaluz.
El saqueo de España se ha realizado, con impunidad, de manera sistemática y planificada, desde el corazón del poder político. La mayoría de las cajas de ahorros han sido desvalijadas y en algunas de ellas, como la CAM, la de Castilla la Mancha y BANKIA, han desaparecido varios miles de millones de euros sin que nadie haya pagado por esos delitos y sin que las instituciones del Estado hayan realizado grandes esfuerzos por recuperar el dinero sustraido.
El saqueo de España tiene mil vertientes, algunas todavía desconocidas por la prensa y el gran público. Se han concedido subvenciones a empresas que no lo merecían, sólo porque en ellas trabajaban familiares o amigos del poder; se han cobrado comisiones sistemáticas por licencias, concesiones y contratos públicos; se han urbanizado terrenos protegidos para cobrar comisión; los recaudadores de los partidos políticos han extorsionado sin obstáculo; se han trucado concursos públicos,; se han falseado oposiciones; se han filtrado las preguntas de oposiciones a los amigos del poder; se ha marginado a empresarios por pensar diferente o por ser honrados, cerrándoles mafiosamente el paso para que reciban subvenciones y ganen concursos públicos; hay miles de políticos incapaces de explicar su patrimonio, sin que ni siquiera hayan sido investigados...
La corrupción, en España, no ha sido, como en otros países, un virus que ha ido extendiendose hasta contaminar al poder, sino una estrategia meditada y fria del poder que ha contaminado a la sociedad. La corrupción, en España, no ha sido un accidente, ni una cuestión de mala suerte, sino el comportamiento lógico y premeditado de la presencia masiva de delincuentes en las instituciones y en el corazón del Estado.
Los grandes partidos españoles han acumulado delitos suficientes para que, si existiera una Justicia independiente y limpia, hubieran sido ya juzgados como asociaciones de malhechores. Sin embargo, siguen dominando la escena, convertidos en las instituciones más poderosas de la nación, exhibiendo una obscena impunidad, con muchos de sus corruptos convertidos en altos cargos en las distintas administraciones y algunos de ellos, tal vez los que más secretos sucios conocen, convertidos en diputados y senadores para disfrutar del aforamiento.
Muchos españoles, ilusos, votaron a Rajoy en las últimas elecciones creyendo que el Partido Popular iba a plantar cara a la corrupción y limpiar el país de delincuentes políticos, pero no ha sido así y eso ha causado una inmensa frustración entre los votantes más demócratas y mejor informados, indignados de que el gobierno de Rajoy también participe del obsceno festín y que, ante los abusos cometidos por los socialistas y por muchos de sus miembros, haya decidido cerrar los ojos y pasar página, ignorando que un país que no castiga a sus criminales es un estercolero envenenado capaz sólo de sembrar retroceso y destrucción.
La regeneración en España pasa por acabar con la impunidad de los corruptos políticos y por limpiar las instituciones, llenando las cárceles de delincuentes con carnet de partido. Si no se hace, no hay futuro digno y el país, mande quien mande, seguirá siendo una pocilga incapaz de salir de una crisis que, como acaba de descubrir Europa, va mucho más allá de lo económico y se adentra en el alma podrida de la nación.
Corrupción Sistémica, crisis de gobierno e indignación en España
Posted By ada On febrero 10, 2013 @ 12:49 In España,Geografía,Reportajes,Reportajes Internacional | No Comments
Madrid, España. Desde hace unas semanas la sociedad española se ve sacudida por nuevos escándalos de corrupción que afectan a pilares fundamentales del régimen como la Corona (a través de su yerno Iñaqui Undangarín) y, sobre todo, el Partido Popular (PP), hoy en el gobierno y con mayoría absoluta en el Parlamento. Es difícil predecir el alcance que puede tener la salida a la luz de estos casos en medio de una crisis económica y social, con 6 millones de personas desempleadas (alrededor del 26 por ciento de la población activa), y de un desafío al nacionalismo español como el que se plantea desde Catalunya, en donde, por cierto, gobierna una coalición, Convergència i Uniò (CiU), también implicada en nuevos escándalos de corrupción.
La indignación de la población frente a este escenario parece haber rebasado ya un punto sin retorno que ojalá llegue, por fin, a dejar atrás la cultura del “cinismo político” vigente desde la mitificada transición política. Se anuncian nuevas movilizaciones que muy probablemente marcarán una nueva fase en el ciclo iniciado por el 15M y seguido luego por las sucesivas “mareas” en defensa de la educación, la sanidad o el agua y a favor de una “democracia real”. La repercusión internacional de estos escándalos, justamente después de que el gobierno haya alardeado de no haber tenido que pedir un nuevo “rescate” a la troika (Fondo Monetario Internacional Unión Europea, Banco Central Europeo), también va en aumento, configurándose así un panorama de inestabilidad política y social que no parece garantizar esa “confianza inversora” en la “marca España” que se quería ofrecer con una contrarreforma facilitadora de los despidos y la precarización laboral, así como con los recortes crecientes a los salarios, a las pensiones y a servicios públicos esenciales.
Es sin duda la difusión de la contabilidad B del PP, atribuida al ex tesorero de ese partido durante 20 años, Luis Bárcenas, junto con el dato de que ese mismo personaje clave de lo que se conoce como la “trama Gürtel” (red de corrupción que ha tenido su máxima expresión en las Comunidades Valenciana y Balear, gobernadas ambas por el PP pero que también implica a la actual ministra de Sanidad, Ana Mato) se haya acogido a la amnistía fiscal tan generosa promovida por el gobierno recientemente y se le haya encontrado en Suiza unas cuentas de más de 22 millones de euros, lo que constituye ahora el centro principal de la crisis. El hecho de que en esos “papeles” aparezcan figuras de primera línea del PP (empezando por el presidente del gobierno Mariano Rajoy y siguiendo con otros como Rodrigo Rato, ex número 1 del FMI y del paradigma del fiasco inmobiliario Bankia) que habrían recibido “dinero negro” en distintas ocasiones, ha provocado ya un clamor creciente a favor de la dimisión de todo el gobierno en amplios sectores de la opinión pública y, sobre todo, en las redes sociales, cada vez más influyentes. Hasta el mundo empresarial español define este escándalo como “catastrófico” y no parece creer la rotundidad con que los líderes del PP pretenden desmentir todo.
Esto es así porque pese a que Rajoy y sus colegas insisten en la falsedad de esos “papeles”, la ambigüedad de sus declaraciones (el “matiz” de Rajoy en Berlín “…salvo en algunas cosas” se convirtió enseguida en trending topic en twitter el lunes pasado) y las de otros dirigentes, al igual que el silencio mantenido hasta ahora por las grandes empresas que aparecen como “donantes” (sobre todo, las constructoras, grandes beneficiarias del “boom” inmobiliario y de infraestructuras), no hacen más que reforzar la percepción de que no sólo ha habido una financiación ilegal de ese partido durante más de dos décadas (ya que aparece también implicado su anterior tesorero, Alvaro Puerta) sino que también ha habido enriquecimiento personal de muchos de sus dirigentes. El hecho, además, de que en esta ocasión hayan coincidido en la denuncia dos medios de comunicación con afinidades distintas como El Mundo y El País da mayor credibilidad a lo difundido, pese a que pueda haber detrás intereses de determinados sectores o personas, como el propio Bárcenas o incluso “notables” del PP que se hayan sentido marginados por la cúpula de su partido.
Crisis de gobierno, crisis de régimen
Difícilmente se puede encontrar desde 1978 un proceso de deslegitimación tan rápido de un gobierno que contara con una mayoría absoluta en el parlamento español. En efecto, en sólo un año de ejercicio, su desgaste, consecuencia de su política “austeritaria” con los y las de abajo y de su propia crisis interna, se está acelerando por momentos, como se reconoce en algunos estudios de opinión. Pero lo más relevante es que ese descrédito del PP no se ve compensado por un aumento de votos del partido de la “alternancia”, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a su vez en descenso en medio de una crisis de proyecto y de liderazgo, agravada además por la fractura en torno a la cuestión nacional que afecta a ese partido en Catalunya.
Tampoco podemos olvidar que Convergencia y Unió, otro pilar subsidiario de los dos grandes partidos siempre que lo han necesitado, se ve también directamente afectado, como he indicado al principio, por recientes escándalos de corrupción, aunque en algún caso estén magnificados interesadamente por la misma fuente que ha destapado el caso Bárcenas para cuestionar su cambio de rumbo independentista. Una reciente encuesta ratifica el desgaste de esa formación, pero en este caso parece que en beneficio del ascenso de otras fuerzas a su izquierda y a favor del derecho a la independencia en esa comunidad.
Estamos, por tanto, ante una crisis, en mayor o menor medida, de los tres principales partidos que han sostenido el régimen, a su vez sometido desde hace tiempo a una progresiva reconstitucionalización en un sentido más neoliberal, autoritario y centralista. Un proceso que llegó a su máxima expresión con la reforma del artículo 135 de la Constitución en el verano de 2011 para imponer la “regla de oro” del “equilibrio presupuestario”, exigido por la eurozona para el pago de la deuda. Una política del “shock”, en suma, que supone nuevos pasos hacia el reforzamiento del nexo Estado-finanzas y el vaciamiento creciente de competencias de sus propias instituciones representativas para poder gobernar con decretos-leyes al dictado de un poder soberano supraestatal.
Esta crisis alcanza también a las direcciones de los dos grandes sindicatos, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreros (CCOO), soportes de un “modelo” de concertación con la patronal y los sucesivos gobiernos que toca a su fin pero que se resisten a abandonar. No parece, además, que los congresos que van a celebrar próximamente anuncien una voluntad de cambiar de rumbo hacia un sindicalismo de lucha, dispuesto a contagiarse y a mezclarse con la renovada cultura de la movilización y de la democracia directa que está surgiendo desde el 15M, las redes motoras de las “mareas” y sindicatos minoritarios como el Sindicato Andaluz de Trabajadores.
La crisis afecta, en fin, a algo tan básico como es la delimitación de las fronteras y el presunto “demos soberano” de este Estado. Una cuestión que fue “resuelta” de forma antidemocrática en la mitificada Transición y que adquiere con la legítima reivindicación del derecho del pueblo catalán a decidir su futuro especial gravedad, tras la firme negativa de los distintos pilares del régimen –incluyendo en primer plano a una Corona desprestigiada y al Tribunal Constitucional- a reconocer en condiciones de igualdad otras identidades nacionales distintas de la española
Nos encontramos, por tanto, ante una crisis en primer lugar del gobierno y del PP, pero también, aunque de forma desigual, de pilares básicos del régimen y del Estado. No es, por tanto, sorprendente, que desde distintos medios se hable de la necesidad de una “segunda transición” o incluso de una “refundación” del régimen, ni que desde movimientos como el 15M y fuerzas de izquierda se propugne la necesidad de nuevos procesos constituyentes. Es, en resumen, toda la “política sistémica” -y la forma cada vez más oligárquica y profesionalizada de hacerla- la que está en cuestión. Una política que han practicado y practican los grandes partidos, pero de la que no escapan otros, sometidos a presiones contradictorias, como Esquerra Republicana en Catalunya o Izquierda Unida en Andalucía, Asturias o Extremadura, con sus respectivos pactos de “gobernabilidad”. Una política, en fin, que se dedica a obedecer, en mayor o menor grado, a las condiciones impuestas por la “deudocracia” y al “todo por el euro” y que, de continuar por ese camino, no podrá impedir que sigamos el que está ya conduciendo a una catástrofe social en Grecia y Portugal.
Indignación ciudadana in crescendo
La indignación que se refleja en las encuestas y, cada vez más, en las calles aumenta más, si cabe, con la percepción de agravio comparativo entre la gente de abajo –y, sobre todo, en las capas medias ahora en declive- ante un panorama en el que, en un contexto de saqueo de lo público, recortes varios y el verdadero escándalo de más de seis millones de personas desempleadas, los de arriba -“políticos y banqueros”- van saliendo de la crisis más ricos que antes y con las “puertas giratorias” entre lo público y lo privado funcionando a tope. Por eso, a la euforia de la “burbuja inmobiliaria” y del ascensor social sucede ahora un sentimiento de privación relativa creciente frente a la agravación de la desigualdad y la polarización social y, con ellas, la constatación del fin de las ilusiones en la “sociedad de propietarios” y en la “soberanía del consumidor”. Mezclándose así la fractura social con la que enfrenta a la ciudadanía con la “clase política”, no podemos sorprendernos de que la sensación de fin de régimen o la exigencia de una verdadera “catarsis” se extiendan por todas partes.
Con todo, el peso de las derrotas pasadas, la fragmentación de las protestas y la dificultad de arrancar victorias parciales frente a un gobierno que se aferra a su mayoría absoluta parlamentaria y a la debilidad de sus adversarios para seguir gobernando, continúan pesando como frenos para incorporar a nuevos sectores a la movilización y demostrar que “sí se puede”. No obstante, parece también que con escándalos como éste el miedo empieza a cambiar de bando, como se comprueba con el temor a un “estallido social” entre los de arriba. Confiemos en que la confluencia de “mareas” que se anuncia en torno a una “marea ciudadana” contra el “golpe de estado financiero” el próximo 23 de febrero (fecha que coincide con el aniversario del intento de golpe de estado de 1981) marque un salto adelante hacia la conformación de un bloque social amplio dispuesto a convertir la crisis actual en una oportunidad para abrir nuevos caminos por abajo y a la izquierda hacia otra política y otra forma de hacerla.
Porque si no se avanza hacia ese nuevo “sentido común” y se sigue en medio de una inestabilidad política y social sin salida, no sería descartable que ante las dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de la deuda, la troika y Merkel (representante del Estado hegemónico de la eurozona) decidieran forzar una crisis de gobierno o imponer uno autodenominado “tecnocrático” (o sea, de los acreedores). La visita del gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, al Parlamento español a puerta cerrada el próximo 12 de febrero parece corroborar, ya sin guardar las formas, la tendencia de facto dominante a ese “modelo” en la periferia de la UE.
Publicado el 11 de febrero de 2013
Article printed from Desinformémonos: http://desinformemonos.org
España precisa un rescate... político
Preocupados por el estado de la economía, no hemos advertido cómo se hundía la política. No al punto que lo ha hecho. No hasta tener una sociedad sumida en la orfandad política y la depresión, según muestran los históricos de las encuestas. Hay un descorazonador mapa del desaliento progresivo.
La percepción de los españoles sobre la situación política raya lo dramático: en el último barómetro del CIS, el 50,4% estiman que es muy mala. El 31,4%, mala. Buena o muy buena…, no llegan al 2%. Sólo se incrementó aún más ese sentimiento tan pesimista en febrero de 2013, en pleno apogeo del caso Bárcenas. Entonces, cuando los papeles del extesorero revelaron una contabilidad B del PP, se llegó al 56%. Y en esa banda se ha ido manteniendo.
Es bastante evidente que esa trama de corrupción ha supuesto un descrédito atroz para la política en su conjunto, no sólo para el partido que la protagoniza. Llama la atención que en el mes anterior a unas elecciones en 2011, a las que llegamos inmensamente hartos, fuera el 33,4% quienes veían una situación política muy mala. Y en 2009 –con la crisis abofeteándonos la cara–, el 22,6%. El deterioro es espectacular. Sobre todo, la persistencia de esa valoración negativa.
Tradicionalmente, economía y política son estrechas compañeras de viaje. Suben y bajan en la confianza popular al mismo ritmo por los avatares de una u otra. En España no está sucediendo eso. A finales de 2011, la política registró un pico muy ascendente con una ciudadanía que al parecer saludaba alborozada la llegada del Partido Popular al poder. En este momento está ocurriendo lo contrario. Mientras algunos parecen creer en la recuperación económica, la valoración de la política desciende estrepitosamente.
En 1999, uno de los grandes tiburones del neoliberalismo, George Soros, escribía en su libro La crisis del capitalismo global: “Si la economía global llega a tambalearse, es probable que las presiones políticas la destrocen”. Ha sucedido justo al contrario: la economía –esta economía voraz– ha engullido a la política.
Los políticos, las personas, contribuyen a ese naufragio social. Acaban de disparar balas de goma a emigrantes que trataban de alcanzar la costa española a nado. Murieron al menos 14 de ellos. Y, lejos de producirse dimisiones sumarias, asistimos a declaraciones que avergüenzan al género humano.
Ya no se puede aguantar tanta mentira, tanta involución y tanta incompetencia en el partido gobernante. Insolencias supremas, botarates al quite y tergiversaciones continuas. Al punto de ignorar la Constitución, como le ocurre, por poner un ejemplo –entre varios–, a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando acusa a los jueces de plegarse a la voz de la calle en la sentencia de los “escarches” como si esto fuera "la Revolución Francesa ". No debe saber que el artículo 117.1 dice: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley" (leer esto, por cierto, llena los ojos de lágrimas por la ínfima calidad real de nuestra democracia).
Unos líderes de la oposición que no ejercen de tales y están consintiendo graves atropellos. Temen las primarias, no se vaya a colar un chiquilicuatre de tres al cuarto o se vaya a alterar el juego de poderes que tanta escaramuza ha costado domeñar para estar arriba.
Partidos y políticos están demostrando –en mayor o menor grado– que sólo les guían sus propios intereses. La silla donde aposentarse y cobrar sueldo y pensión (doble que los demás mortales). En algunos casos, el principal objetivo parece poseer la llave del poder decisorio y la caja fuerte. Saben de su profundo descrédito y lo obvian con inaudito desparpajo. Significativa pista de sus intenciones.
El problema es que muchos ciudadanos, enganchados a televisiones y falsos debates informativos, a medios manipulados, a la costumbre, se sienten desesperanzados porque no saben por dónde tirar. Su única salida son los partidos, y los partidos no les gustan tal como hoy se encuentran. Constituyen la minoría mayoritaria decisiva y caen en los mismos errores vez tras vez, como si dar vueltas a la noria solucionara algo. Otros, ampliamente intercomunicados, empiezan a saber que habrá de hacerse otra política, mucho más participativa. Su único freno es el inmenso aparato paralizador de las viejas inercias. La ignorancia y la desinformación que se fomenta para seguir manteniendo el tinglado como está.
Otra política, pero Política (con mayúsculas). No sólo votar, sino también participar para operar cambios sobre la triste realidad que nos encierra. Siglos de avances y retrocesos. La política es lo primero que tumban la codicia y los fascismos. La política que dignifica el papel del ciudadano, de un ser libre dueño de sus derechos, cuyo primer deber es mantenerlos. La que encamina sus objetivos a que la acción del Estado se ejerza en beneficio de la sociedad. No de unos pocos, no para el funcionamiento mercantil de una empresa, no usando a la población en su provecho.
La situación política es muy mala, piensan los españoles. La depresión sólo hunde cuando se cierran las puertas y no existen mecanismos para cambiar la realidad. España precisa un rescate político, necesitamos salvarnos, salvar a la gente, a la humanidad, al bien común.
Ver Mapa de Corrupción por Partidos Políticos en un mapa más grande
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